Monarquía viva

Editorial La Vanguardia 


Nuestra monarquía, la monarquía parlamentaria, la monarquía constitucional, viene desempeñando desde la transición una incuestionable función de integración política, social y territorial al servicio de todos los españoles". Esta frase de la declaración institucional del presidente del Gobierno con ocasión del nacimiento de la primera hija de los príncipes de Asturias resume el sentir generalizado de la ciudadanía española. Un sentimiento al que se une ahora la alegría por un feliz acontecimiento que, no por esperado, tiene también una dimensión institucional: la infanta Leonor - séptimo nieto de los Reyes- se sitúa en el segundo lugar en el orden sucesorio de la Corona, por detrás de su padre, el príncipe don Felipe.

Antes de cualquier consideración, una primera constatación: el principal haber de nuestra monarquía parlamentaria es el papel de árbitro y moderador de las instituciones que ha sabido desempeñar el Rey y que, desde la transición, ha sido ejemplo para otras democracias. La hija de los príncipes de Asturias es también heredera de ese caudal de legitimidad democrática que han ido atesorando su padre y su abuelo. Nace, a diferencia de ellos, cuando la Corona no sólo está plenamente engarzada en el entramado constitucional y democrático, sino que es la piedra angular del edificio. Una monarquía viva, como lo muestra este feliz acontecimiento, y en la que sus miembros han sido educados en el convencimiento de que hay que saber ganarse cada día el reconocimiento de la población. Esta actitud, de la que los Reyes y los Príncipes han dado repetidas pruebas, es la mejor garantía de futuro.

Leonor recibirá el tratamiento de alteza real y tendrá prevalencia en la línea sucesoria sobre un futuro hermano barón si se lleva a cabo la reforma del artículo 57 de la Constitución - establece la preferencia del hombre sobre la mujer en el mismo grado de parentesco- que el presidente del Gobierno incluyó ya en su discurso de investidura. Ayer, al término de su declaración institucional, Rodríguez Zapatero reiteró que no había alteración alguna en el calendario de la reforma constitucional para garantizar la igualdad de sexos en la sucesión. También don Felipe, al anunciar que la princesa Letizia había dado a luz, enmarcó esa reforma en la lógica de los tiempos y en el sentir mayoritario de la población. "Las Cortes serán las que deban valorar la oportunidad temporal, que sin duda requerirá el mayor consenso político", apuntó.

Una reforma, por tanto, para la que no hay prisas. Entre otras cosas porque su tramitación - la Constitución exige la mayoría de dos tercios de las Cortes, su inmediata disolución, la ratificación por las nuevas cámaras y referéndum- ha sido planteada por el Gobierno junto a otros cambios constitucionales previstos - reforma del Senado, adaptación a la UE y denominación de las autonomías- que podrían no suscitar el mismo grado de consenso parlamentario entre los dos partidos mayoritarios. Es evidente, en todo caso, que la preferencia del hombre sobre la mujer en la línea sucesoria de la Corona que establece la actual Constitución resulta, incluso, contradictoria con su artículo 14 que rechaza cualquier discriminación por razón de sexo. El consenso social y político en ese punto responde, en suma, al propio espíritu constitucional y a los avances registrados desde entonces en materia de paridad.