Leonor de Borbón

Editorial El País

 

Los príncipes ya son padres; la niña se llama Leonor, es infanta, tendrá el tratamiento de Alteza Real y es la segunda en la línea sucesoria, después de don Felipe. Y aunque la necesidad no es acuciante, como dijo ayer el propio príncipe de Asturias, porque el rey Juan Carlos ya tiene sucesor y es precisamente el padre de la recién nacida, conviene ponerse a la tarea de reformar la Constitución para corregir lo que para la sensibilidad actual es una anomalía: que el hombre tenga preferencia sobre la mujer para heredar el trono de España. Si naciera un segundo hijo varón de los príncipes antes de que la reforma se hubiera completado, pasaría a ocupar, siquiera temporalmente, ese segundo lugar sucesorio, en lugar de su hermana mayor.

En su programa electoral, el hoy presidente del Gobierno propuso cuatro reformas constitucionales: la sucesoria; la incorporación a la Carta Magna del nombre oficial de las comunidades autónomas; la transformación del Senado para convertirlo en Cámara de representación de las comunidades; y la adecuación de la Constitución a la integración europea. La de la sucesión, que habrá de modificar el artículo 57.1, reviste una cierta complejidad, porque afecta a la parte especialmente protegida de la Constitución. Ello obliga a aplicar el procedimiento reforzado de reforma (artículo 168), que implica su aprobación con una mayoría de dos tercios de las cámaras, convocar a elecciones, volver a aprobar el texto por la misma mayoría en las nuevas cámaras, y ratificarlo en referéndum. Lo cual exigiría el acuerdo necesario de PSOE y PP en la primera votación y con toda probabilidad también en las nuevas Cortes.

El resto de las reformas no requiere un procedimiento reforzado, por lo que en teoría podrían separarse de la cuestión sucesoria. Pero no está claro que sea conveniente una consulta exclusivamente sobre una cuestión sucesoria que fácilmente podría convertirse en un plebiscito sobre la Monarquía. Lo propio es que el Gobierno agrupe todas las reformas, con la idea de hacer coincidir la obligatoria disolución prevista en el procedimiento de reforma con el final de la legislatura. Pero para que el proceso prospere se requiere el acuerdo del PP, lo cual no puede darse por establecido, al menos sobre la reforma del Senado.

Ya se ve, por tanto, que el asunto requiere cierta destreza. A fin de año debe entregar el Consejo de Estado el informe que encargó el Gobierno en marzo pasado sobre la mejor manera de abordar las reformas. Con independencia de la fórmula, es preciso trabajar en favor del consenso necesario en cualquiera de los casos. La responsabilidad de lograrlo es compartida. Ayer el presidente del Gobierno, en su declaración institucional con motivo del nacimiento de la infanta, hizo un elogio del papel desempeñado por la Monarquía como factor de "integración política, social y territorial". Por todo ello, tal vez la buena nueva, unida al acuerdo existente sobre la modificación relativa a la sucesión, estimule el acercamiento respecto a las otras reformas, incluyendo las territoriales. Si ocurre, doña Leonor habrá traído una oportunidad de reforzar la concordia nacional.