El Rey, al ser preguntado por ese asunto, respondió: "Yo no opino, para eso está el Gobierno, yo estoy por encima". Y añadió: "Lo que sea, para el bien de España". La conversación se produjo en el Salón de los Pasos Perdidos del Tribunal Supremo, durante la recepción que anualmente se ofrece a los asistentes al acto solemne con el que da comienzo la apertura del Año Judicial.
En un ambiente distendido, cuando conversaba con algunos periodistas sobre el futuro nacimiento del hijo de los Príncipes de Asturias, una de las informadoras se interesó por la opinión del monarca sobre el "ambiente" que existe en los últimos días en relación con una posible negociación con la banda terrorista.
En el mismo acto y en su discurso ante el Rey, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, dijo que el "extraordinario nivel" de la eficacia policial y judicial, así como la acción legislativa de los últimos años ha "debilitado extraordinariamente" a ETA y permite "contemplar esperanzados un próximo final de esta modalidad terrorista".
La que sí se han pronunciado ha sido la asociación Jueces para la Democracia (JpD), que expresó su respaldo a la posibilidad de que a la hora de decidir las condenas a terroristas de ETA o miembros de su entramado se pueda tener en cuenta las "circunstancias" históricas y sociales y un eventual escenario de tregua o alto el fuego de la banda terrorista.
Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz de la asociación a la que también pertenecieron la vicepresidenta Fernández de la Vega, el ministro Alonso y el fiscal Conde Pumpido, dijo que los jueces siempre han interpretado las leyes, al igual que la Constitución, de acuerdo con las "circunstancias" sociales e históricas, si bien abogó por que esta flexibilización en el cumplimiento de condenas se realice por medio de decisiones del Gobierno o el poder legislativo y no por parte de los magistrados.
Rodríguez Achutegui dijo que, ante una tregua, el Gobierno tendría la posibilidad de flexibilizar la aplicación de la legislación vigente con la adopción de medidas de gracia o con otras medidas, en lugar de que fueran los jueces quienes asumieran esta tarea acogiéndose al artículo 3 del Código Civil –que establece que las normas deben interpretarse en relación con "el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social" del tiempo en que se aplican. En opinión del portavoz de esta asociación, en una eventual alto el fuego, sería "perfectamente posible" que el Gobierno procediera con diferentes medidas como, por ejemplo, la reducción del cumplimiento de penas o con otras decisiones relacionadas con la situación los terroristas. Rodríguez Achutegui resaltó que todas estas posibilidades sólo podrían tener lugar una vez que la banda terrorista ETA hubiera decretado el cese de sus actividades y su disposición a abandonar definitivamente la violencia.
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