El artículo 56 también existe

Adolfo Suárez Illana
El Mundo

LA CEGUERA tiene muchas causas, también en la vida política. En unos casos la ambición, en otros la ofuscación y, casi siempre, la enorme distancia que mantienen los políticos con la sociedad, esa sociedad a la que unos llaman pueblo y otros ciudadanos.

La evolución de los partidos en estos últimos treinta años ha distorsionado tanto la vida política que, cualquier cosa que no nazca y muera en ellos, sea vista -por ellos mismos- como poco más o menos que una herejía, como una propuesta ilegítima, como una intromisión intolerable.

Para cualquier persona con inquietudes políticas y un mínimo espíritu crítico, es francamente curiosa la reacción que han provocado las palabras del Rey llamando a todos a «grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis». Porque esto es, exactamente, lo que el Rey ha dicho; y esto es, exactamente, lo que el Rey puede y debe hacer.

Según lo que dice el artículo 56.1 de nuestra Constitución de la Concordia de 1978, «el Rey... arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones... y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Ese arbitraje y esa moderación consisten, precisamente, en tener visión de largo plazo, ausencia de interés político partidista directo, olfato para identificar los intereses comunes de los españoles y capacidad para trasladarlos tanto a la opinión pública, como a las instituciones competentes. Con mayor o menor discreción, según requieran las circunstancias y el asunto.

Las palabras que les acabo de transcribir son casi idénticas a las pronunciadas por el mismo Rey durante su mensaje de navidad el pasado diciembre "... sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y proyección internacional..." y, si no me equivoco, trasladan lo que la inmensa mayoría de los españoles pensamos: que ya es hora de ver a nuestros políticos unidos en torno a los grandes temas de Estado. Hoy, muy especialmente, la crisis que asola nuestra economía.

No es competencia del Rey entrar en quien tiene o no razón en un asunto, ni tampoco señalar culpables de una determinada situación. Ni siquiera es competencia suya el proponer soluciones concretas, ni lo ha hecho. Como prueba de ello, baste recordar las desacertadísimas palabras de la vicepresidenta del Gobierno señalando la exclusiva competencia del Gobierno para proponer pactos de Estado -cosa increíble- o, las no menos desatinadas reflexiones que nos han sido trasladadas desde los «aledaños mediáticos» de mi partido -que nadie se ofenda, pero no encuentro manera más delicada e indirecta de decirlo-, señalando al Rey, casi, como un correveidile del Ejecutivo.

Yo tengo claro que la responsabilidad -que no competencia- de llegar o no a acuerdos reside siempre en el Gobierno; por eso y para eso es Gobierno. Por ello mismo, será responsable del éxito, si es que se produce. Tengo también claro que es responsabilidad de la oposición, no solo poner de relieve las carencias del Ejecutivo, sino también proponer soluciones alternativas y comprometidas -incluidos pactos de Estado-, muy especialmente en tiempos de crisis como el actual.

No hace tanto tiempo, quien es hoy Presidente del Gobierno, se afanaba en repetirle a quien entonces lo era, José María Aznar, la necesidad de un pacto de Estado para luchar contra ETA. Tras una inicial reticencia del Gobierno de entonces, ese pacto se firmó y se convirtió en una de las más poderosas armas con las que ha contado nunca la actual democracia española para luchar contra esa pandilla de asesinos. Desgraciadamente, por un interés partidista y una visión egocéntrica, el mismo personaje que propuso el pacto, Zapatero, se lo cargó cuando llegó a la presidencia pensando que con su sola presencia en La Moncloa se ablandarían los terroristas. Cometió un error que le acompañará siempre.

No quiero abundar más en ese asunto, salvo para decir que quien propuso el pacto fue la oposición, no el Gobierno, y que fue el Gobierno quien acabó haciéndolo suyo. Todos salimos ganando hasta que, una vez más, el Ejecutivo de Zapatero -esta vez otro- decidió acabar con él.

Por otro lado, no deja de ser curioso que las críticas recibidas por el Rey coincidan, también, con la publicación de encuestas que nos dicen que, al margen de las consabidas posibilidades de uno u otro de formar gobierno, ambos líderes nacionales, los dos únicos capaces de gobernar, están, los dos, valorados por debajo de sus respectivos partidos. Si yo fuera uno de ellos dedicaría un buen rato a reflexionar sobre este asunto.

Las palabras del Rey no favorecen a ninguno de los partidos, ni tampoco castigan a nadie; simplemente recogen el sentimiento de toda la sociedad española, le dan cuerpo y lo ponen encima de la mesa a través de su más alto representante. Eso no es algo que pueda hacer el Rey, es algo que debe hacer el Rey.

Hace ya años que renuncié a la representación política en las instituciones, pero no creo que nadie dude de mi compromiso con el Partido Popular, ni de mi derecho a opinar. Desde ese compromiso que es patente y mantengo firme, y desde esa libertad, felicito las palabras del Rey y me atrevo a decir que nadie debería, ante ellas, ponerse a señalar culpables o manifestar ofensas.

En estos momentos, lo único que caber es poner soluciones encima de la mesa, cada uno las suyas y de la forma más amable y constructiva posible. No hay mejor manera de poner de manifiesto las carencias del adversario que mostrando la más absoluta voluntad de llegar a acuerdos y aportando propuestas razonables ante problemas que exceden, con mucho, la lucha partidista.

Quizá sea bueno recordar que poco antes de aprobar la Constitución ya fuimos capaces de hacerlo y salió bien. Quizá sea bueno recordar, para sosegar los ánimos, que el artículo 56 de la Constitución también existe.