Fernando Vallespín
El País
El problema con la evaluación precipitada de figuras históricas como el rey Juan Carlos es la ausencia de la necesaria perspectiva temporal. Falta que el tiempo vaya dejando su poso para que el juicio que quepa emitir sobre el personaje pueda dar cuenta del auténtico papel que desempeñó en cada momento. Todo se complica, además, cuando ese juicio debe elevarse, como ahora es el caso, en plena vorágine periodística sobre sus escándalos. Pero a veces los hechos hablan por sí mismos: la abdicación, primero, en plena crisis económica; luego, el distanciamiento del actual Rey de las operaciones de su padre en Suiza, que significaron su renuncia a la herencia y la retirada de la asignación que le competía a don Juan Carlos como rey emérito; y, ahora, la decisión de irse a vivir fuera de España. Son tres actos concluyentes que se corresponden con actuaciones a las que implícitamente se atribuye una responsabilidad del afectado y, por tanto, es difícil que pueda funcionar aquí la presunción de inocencia en sentido convencional. Entre otras razones, porque la dimensión de las faltas es de naturaleza ético-política, con independencia de que también puedan ser perseguibles judicialmente. Ya se verá hasta dónde llega la inviolabilidad constitucional del rey emérito una vez que no está en ejercicio de su cargo.
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