Editorial ABC
Los envites, ataques y presiones contra Felipe VI son reiterados. Hay fuerzas políticas, incluida Podemos, hoy un partido de Gobierno, empecinadas en socavar el valor intrínseco de la Monarquía parlamentaria como excusa para dar por superados los consensos de la Transición. El populismo de izquierdas y el separatismo tienen como meta la derogación de facto de la unidad nacional consagrada en la Constitución para dar paso a una república de corte federalista. Perciben en las irregularidades cometidas por Juan Carlos I la ocasión propicia para imponer un régimen presidencialista, para hacer borrón y cuenta nueva con nuestra propia historia, para dilapidar nuestro patrimonio como nación. No es legítimo castigar a Don Felipe por los errores ciertos de su padre, que han sido sancionados por el actual Rey, quien le retiró el pasado marzo su asignación pública y rechazó formalmente su herencia (amén de que Juan Carlos I ya había renunciado previamente a toda representación pública oficial). Tampoco resulta legítimo penalizar a la institución, tal y como acertadamente dijo ayer Sánchez, quien sin embargo no estuvo a la altura de su cargo al no condenar los ataques de su vicepresidente Iglesias y de su pareja, la ministra Montero, a la Corona. España atraviesa una situación muy delicada, debido a la conmoción sanitaria y económica que ha provocado la pandemia, lo que hace más necesario defender a la Monarquía de agresiones oportunistas. Nuestra Constitución es un modelo de convivencia y no debería ser puesta en riesgo por partidos que siguen siendo electoralmente minoritarios.
La defensa que hizo ayer Sánchez de Felipe VI no puede ser fingida. Está obligado a revisar sus alianzas con formaciones que han propugnado la erradicación de la Monarquía y sus símbolos, o con grupos separatistas que justifican la quema de retratos de la Familia Real. Si desde el Gobierno de la nación no se defiende a Felipe VI con todo el ahínco, la lealtad y la responsabilidad de Estado que merece su figura, y si todo se reduce a una operación de mercadotecnia política en la que la protección de la Corona se convierte en algo melifluo, es que Sánchez no habrá entendido nada de lo que ocurre en España. Su deber es apoyar a la jefatura del Estado, hoy encarnada por un Felipe VI que disfruta de gran respaldo popular, por su hoja de servicios intachable, su talante sereno y su perfecta preparación para el cargo. El jefe del Ejecutivo expresó ayer su apoyo al sistema de libertades y derechos del 78 y a la monarquía parlamentaria, y desde aquí lo celebramos. Pero le toca demostrarlo con hechos, algo que hasta ahora no ha ocurrido, pues se sostiene en el poder con el apoyo de fuerzas antisistema y antiespañolas y se ha resistido a respaldar al Rey frente a ataques que salen de su Gobierno.
La defensa que hizo ayer Sánchez de Felipe VI no puede ser fingida. Está obligado a revisar sus alianzas con formaciones que han propugnado la erradicación de la Monarquía y sus símbolos, o con grupos separatistas que justifican la quema de retratos de la Familia Real. Si desde el Gobierno de la nación no se defiende a Felipe VI con todo el ahínco, la lealtad y la responsabilidad de Estado que merece su figura, y si todo se reduce a una operación de mercadotecnia política en la que la protección de la Corona se convierte en algo melifluo, es que Sánchez no habrá entendido nada de lo que ocurre en España. Su deber es apoyar a la jefatura del Estado, hoy encarnada por un Felipe VI que disfruta de gran respaldo popular, por su hoja de servicios intachable, su talante sereno y su perfecta preparación para el cargo. El jefe del Ejecutivo expresó ayer su apoyo al sistema de libertades y derechos del 78 y a la monarquía parlamentaria, y desde aquí lo celebramos. Pero le toca demostrarlo con hechos, algo que hasta ahora no ha ocurrido, pues se sostiene en el poder con el apoyo de fuerzas antisistema y antiespañolas y se ha resistido a respaldar al Rey frente a ataques que salen de su Gobierno.
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