La Corona, garantía para España

ABC

Los acontecimientos de los últimos meses relacionados con la Familia
Real han puesto a la Corona en una situación inédita ante la opinión
pública, sometida a una tensión entre el reconocimiento a la histórica
labor de Don Juan Carlos y la conciencia de que es necesario que la
Casa del Rey encare el futuro de la institución con nuevos impulsos.
Con motivo de estos acontecimientos se han vertido muchas críticas,
análisis y demandas de respuestas. La mayoría ha sido hecha con
profundos sentimientos de respeto y lealtad a la Corona y a su
titular. Otras, en cambio, renunciando a cualquier propósito
constructivo en beneficio de la nación, se afanan en destruirla, como
condición previa para desmontar el gran pacto constitucional de 1978.
Es, por tanto, el momento de promover en la sociedad española una
reflexión sincera y crítica, que encauce el visceralismo de esta
campaña de insidias contra la Corona hacia un debate sobre la
viabilidad de alternativas al régimen de la Monarquía parlamentaria
acordado por los españoles en la Constitución.

Esta reflexión no puede obviar la idiosincrasia de España y,
especialmente, su actual situación política y social. Por desgracia,
vivimos en un país sin los consensos básicos necesarios para
estabilizar las grandes cuestiones de Estado al margen de los
resultados electorales. El enconamiento de la clase política, el
revisionismo impulsado en la izquierda, con sus dosis de
enfrentamiento social, la hostilidad entre ideologías y la continua
deslealtad de los nacionalismos, son condiciones que excluyen la
posibilidad de confiar la Jefatura del Estado a quien fuera elegido
por los partidos políticos en sede parlamentaria, o por medio de
cualquier otro procedimiento que implique la identificación ideológica
del candidato. Si cada renovación del Consejo General del Poder
Judicial, del Tribunal Constitucional o del Consejo de Administración
de Radiotelevisión Española se convierte en un campo de batalla
sectario, mejor no imaginar cómo podría ser la elección del presidente
de la República. No más optimista es el resultado de contemplar el
estado actual de la Justicia, la Cultura y la Universidad, de las que
cabría esperar un mejor comportamiento como nichos de liderazgos
sociales y autoridades morales. La Corona es, en España, el elemento
esencial de la unidad y la estabilidad. Es decir, la Corona entendida
no como un patrimonio personal, sino como la institución a la que se
confía la responsabilidad de servir a España por encima de las
contingencias y las divisiones. Por eso, la configuración
constitucional de la Corona va más allá de los afectos personales y la
emplaza al cumplimiento de estrictas responsabilidades, como las que
Don Juan Carlos ha sabido cumplir con una ejemplaridad sin precedentes
en la conducción de la Transición, el respaldo al consenso
constitucional de 1978, la defensa del sistema democrático en 1982 y
su constante vinculación con las mejores aspiraciones de España.
También por esto mismo, se espera que la alta misión de la Corona esté
siempre reflejada en conductas personales intachables por parte de
todos los miembros de la Familia Real.

Ignorar las consecuencias perjudiciales que provocan en la imagen de
la Monarquía la investigación judicial sobre Iñaki Urdangarín y la
reciente imputación de la Infanta Doña Cristina, sería infantil y
extremadamente peligroso. Seguiría siéndolo, incluso, aunque se diera
por seguro que va a prosperar el contundente recurso de apelación
presentado por el Ministerio Fiscal contra el auto de imputación de la
Infanta, dictado por el juez Castro. Pero si cerrar los ojos a la
realidad de ciertas conductas personales es un error, el
aprovechamiento de la ocasión para atacar la institución de la Corona
es un desprecio a la Historia reciente de España, a las lecciones de
sus enfrentamientos civiles, a la traumática experiencia de la II
República y a la ingente aportación que ha hecho Don Juan Carlos para
que nuestro país disfrute de la convivencia pacífica más larga y
estable que jamás ha conocido. El Príncipe de Asturias, Don Felipe de
Borbón, asegura el fiel cumplimiento de la obligación de conservar
este legado de su padre.

La preservación de la unidad y la continuidad del Estado en la
institución de la Corona, acotando la alternancia en el Gobierno y
demás poderes políticos, garantiza a España esa vertebración nacional
que durante décadas -y podría decirse que siglos- venían reclamando
los mejores exponentes de nuestras clases política e intelectual.
Arruinar un modelo de Jefatura de Estado apolítico, nacional y
trascendente a la polémica electoral, legitimado por la soberanía
constituyente, supondría embarcar a España en los mismos riesgos
históricos cuya conjura agrupó a los españoles, en 1978, en torno a la
Monarquía parlamentaria.