Con la Justicia, con la Monarquía

Editorial ABC

Ante la imputación de la Infanta Doña Cristina, es necesario recordar
la declaración de principios que pronunció Su Majestad el Rey en el
mensaje de la Navidad de 2011. Dijo entonces Don Juan Carlos que
«todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas,
tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un
comportamiento ejemplar». Y terminó asegurando que «la justicia es
igual para todos». La citación de Doña Cristina de Borbón como
imputada, el próximo día 27, debe valorarse desde esta perspectiva de
la ejemplaridad pública y la igualdad ante la ley, pero sin
transformar ambos principios en una circunstancia que, aplicada a la
hija del Rey, acabe perjudicando sus legítimos derechos a la defensa y
a la presunción de inocencia. Más aún cuando el auto de imputación del
juez Castro, en medio de una sucesión de conjeturas, especulaciones y
presunciones, concluye que los indicios contra la Infanta Cristina no
acreditan que «interviniera activa y decididamente en la gestión
cotidiana de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada y
entidad mercantil Aizoon, S. L.».

Para el juez Castro, la imputación de la Infanta se produce no por lo
que hizo, sino por lo que dejó hacer a otros; en concreto, prestar «su
consentimiento a que su parentesco con S. M. el Rey fuera utilizado
por su marido y don Diego Torres, a sabiendas de que lo era para
propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan
pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas (…)». Para
que esta afirmación del juez Castro no pase de audaz a temeraria
tendrán que ser contundentes los nuevos indicios que aparezcan contra
la Infanta. Si todo lo que hay contra Doña Cristina es lo que aparece
en el auto, esta imputación es muy endeble.

Todo parece indicar que el juez Castro se ha dejado llevar por la
presión mediática y de las redes sociales, donde tanto se ha repetido
que había una discriminación positiva hacia la Infanta por no estar
imputada como la mujer de Diego Torres. Cuando la realidad es que las
funciones de ambas mujeres en la empresa eran diametralmente opuestas.
Y con esta imputación se está igualando lo que es a todas luces
diferente. Al mismo tiempo, se está dando tratamiento de ciudadano del
común a una Infanta de España en un país en el que hasta los
centenares de diputados autonómicos que hay gozan de un aforamiento.

Queda claro que la Infanta Cristina no intervino personalmente en
ninguno de los hechos delictivos que se imputan a su esposo; por eso
sólo tiene imputada la condición de cooperadora o cómplice, que es la
que le atribuye el auto del juez Castro sin concretar en qué fechas,
en qué delitos y con qué comportamientos, más allá del pasivo de
prestar supuestamente su condición de hija del Rey para que Urdangarín
y su socio captaran negocios. Por otro lado, nada se dice en el auto
de la posible prescripción de la responsabilidad de la Infanta, que,
aun cuando no sea el argumento más deseable para su exoneración, es un
dato que debe analizarse. Y lo que es más relevante, la actuación
coordinada hasta la fecha entre juez y Fiscalía se ha quebrado. El
fiscal va a recurrir la imputación, y ello puede llevar a que Doña
Cristina no tenga que comparecer finalmente.

Este es un caso que está generando un gran daño a la Corona y que
requiere ser visto en su justa proporción. Si un miembro de la familia
del Rey tiene que ser juzgado, que lo sea. Pero no se puede poner en
tela de juicio el valor de la institución que cimienta la unidad de la
nación española y su proyección internacional. Como cualquier
institución que hunde sus raíces en 1.200 años de historia, la Corona
ha podido pasar por momentos de dificultad, pero una de sus grandes
virtudes está en que su valor no puede ser medido por una foto de un
instante, sino por el sufragio de los siglos. Y la Corona es tan
valiosa, imprescindible y trascendental para España hoy como lo ha
sido a lo largo de nuestra Historia. La Corona es España.

En todo caso, la trascendencia judicial de la imputación de Doña
Cristina implica inevitables consecuencias institucionales, y la
Infanta ha de ser consciente de esta circunstancia. Por esto, es
conveniente que la Infanta realice gestos explícitos e inequívocos
para asumir la gravedad de la situación y contribuir a que la Corona,
en aras de poder cumplir con autoridad moral con su función, no sufra
más cargas que las ya impuestas por la conducta, al menos irregular e
inadecuada, de su esposo, Iñaki Urdangarín.