jueves, 22 de marzo de 2007

Presencia del Rey en la política española

POR MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA
ABC

Nadie está en mejores condiciones que Sabino Fernández Campo, conde de Latores, para pedir una mayor presencia del Rey en la política española. El que fuera jefe de la Casa del Rey y, con anterioridad, durante años, un servidor leal y eficaz en puestos cercanos a Su Majestad acaba de sostener, en una ponencia expuesta en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que «es muy conveniente que se conozca (que los españoles conozcamos) la actuación del Rey... Un poder neutro (el del Monarca) no puede ser tan neutro que no se pronuncie nunca o que nunca se sepa que se pronuncia para moderar lo que necesita ser moderado».

La ponencia del conde de Latores se presentó con el título «El poder moderador». Al hilo de un detenido análisis de lo que se entiende por esta clase de poder en la doctrina jurídico-política, se apuntan unas sugerencias de extraordinario interés.
En primer lugar, el Rey debe estar suficientemente informado de cuanto ocurre, tanto en España como en los países del extranjero. Hay que cumplir lo que establece el artículo 62,g), del texto constitucional: «Corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado». ¿Cómo se satisface esta obligación constitucional?
Sabino Fernández Campo recuerda un proyecto, en los días primeros de la Transición, de lo que hubiera podido haber sido el «Consejo Asesor del Monarca». No prosperó la idea, ya que, según algunos, tal Consejo se habría convertido en un Gabinete Regio con probables enfrentamientos con el Consejo de Ministros. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, en sus «Memorias de estío», cuenta la gestación y finalmente el aborto de una Comisión Regia en los meses previos a las elecciones del 15-J de 1977. No sé si esa Comisión es el Consejo Asesor que ahora menciona Fernández Campo. En cualquier caso resultaron proyectos fallidos.
La Constitución Española no instaura un órgano que asesore al Rey. Pero admite que el Monarca tome contacto con personas e instituciones, lo que sería conveniente en opinión del académico ponente: «Tal vez el Rey pudiera organizar de vez en cuando reuniones conjuntas con diversas personalidades destacadas de la vida nacional, para que deliberaran entre sí sobre temas señalados de antemano por su interés y actualidad, y poder contribuir a esa formación del Rey que debe ser cada día más sólida, más profunda y más variada».
La información que hay que proporcionar al Monarca reviste trascendental valor. «En una Monarquía parlamentaria el Rey carece de potestas, pero puede tener una auctoritas, que bien fundada en la dignidad, en la ejemplaridad, en el buen sentido, en el juicio sereno e imparcial, obtenido por una información adecuada y oportuna, pueda adquirir en ocasiones el carácter de una verdadera potestas, a través de la influencia, del consejo y de las advertencias precisas», argumenta con agudeza el conde de Latores.
Otro requisito del buen ejercicio del poder moderador es la posibilidad de anticipación. El Rey ha de anticiparse a la toma de decisiones que, una vez adoptadas, no son susceptibles de anulación o de modificación. En concreto, los ciudadanos españoles, ante problemas graves o cuando «enfrentamientos políticos -apunta el ex Jefe de la Casa del Rey- se alejan de un fin conveniente para la Nación, alguien puede preguntar, y de hecho tal vez se pregunta: ¿Qué hace el Rey?».
Después de subrayar los aspectos negativos de tal situación, el ponente en la Academia advierte que el Rey «no puede parecer ajeno a los problemas y es conveniente que se trasluzcan a los ciudadanos esas preocupaciones y las gestiones que pueda realizar, siempre que no sea indispensable la reserva». Especial consideración merece el Alto Patronazgo de las Reales Academias que ostenta el Rey (art. 62,j, de la Constitución). El discurso fue pronunciado en una Real Academia y el autor expuso su opinión al respecto: «El Rey podría asistir a determinadas reuniones de las Academias en las que se trataran temas de interés concreto para el Monarca, con vistas a la situación del país en un momento dado, y que este sistema pudiera contribuir, sin concederle un carácter oficial, a formar su criterio sobre esos temas puntuales y, en general, contribuir a proporcionarle conocimientos interesantes y de actualidad, para completar progresivamente su preparación y su formación a efectos principalmente del ejercicio del poder moderador. Sin tocar la Constitución, sino simplemente con apoyo de ella, ¿no podría constituirse un alto Patronato de las Reales Academias, presidido por el Rey?».
Son otras varias y notables las sugerencias del que fuera el español más próximo al Monarca durante bastantes años. Recuerda el conde de Latores que está ahora muy limitado y condicionado el mando supremo de las Fuerzas Armadas que la Constitución asigna al Monarca. Pero se mantiene la atribución al Rey de la Jefatura del Estado y de la condición de símbolo de la unidad y permanencia de España. «En momentos en que las aspiraciones de algunas autonomías se desbordan y presentan deseos separatistas o independentistas, es muy aconsejable -puntualiza su asesor privado- que el Rey intervenga de algún modo y deje constancia de la necesidad de mantener la unidad y la integridad de la Patria».
No sólo importa que el Rey intervenga, sino que los ciudadanos deben saber que interviene: «La aprobación de determinados estatutos de autonomía y los propósitos de reforma constitucional para aumentar las facultades atribuidas a las Comunidades deben ser limitadas por la necesidad de mantener la unidad y al Rey no puede dejar de corresponder realizar las gestiones que lleguen a conocimiento de los españoles en general».
El «nebuloso poder moderador» ha de traducirse en actuaciones concretas, con la posibilidad de anticiparse a decisiones erróneas, en virtud de la suficiente información que debe poseer el Rey.
En definitiva, «la actuación del Rey no puede por menos de estar siempre influida por la preocupación de poner de manifiesto la actividad y el acierto con que la realiza. No puede limitarse a ser una figura simbólica, en la que no se descubran los efectos de la misión que desempeña. El Rey no puede estar tan por encima de los problemas o ajeno a ellos que se pierda en la altura de las nubes y no trascienda a los ciudadanos el papel que desempeña en el Estado del que ostenta la Jefatura». El ex jefe de la Casa del Rey que así se pronuncia, cuya lealtad demostrada a la Monarquía nunca fue sumisión ciega, recibe ahora el homenaje de los españoles, convocados a una cena en su honor por quienes fueron presidentes del Gobierno, presidentes de las altas instituciones del Estado, más de veinte ex ministros de los diferentes gobiernos en los últimos años, sindicalistas, profesionales independientes, empresarios, profesores universitarios. Un total de cien firmantes. Jamásse ha conocido una convocatoria de estas dimensiones. Es una prueba del afecto a su persona y del reconocimiento a su larga vida al servicio de España.
 
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

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