Isabel II, reina de reinas

Borja Bergareche

ABC

El palacio de Windsor será hoy viernes el escenario de la mayor concentración de «cabezas reinantes» en una década. Todas las familias reales que son jefes de Estado –menos la española, tras la cancelación del viaje de la Reina Sofía– acudirán hoy al almuerzo ofrecido por la Reina de Inglaterra a sus «homólogos» para celebrar sus 60 años en el trono. En un universo regido por estrictas normas de precedencia y protocolo, el encuentro estará marcado por una inusual cortesía informal. No hay reverencias entre «iguales».

Aunque la Casa Real británica no publica listas de asistentes con antelación, está previsto que se sumen a la celebración casi todos los familiares de Isabel II a un acto al que acudirán nueve de las diez monarquías reinantes en Europa.

Por orden de llegada al trono, serán los reyes de Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Holanda Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco y Lichtenstein. El Rey Juan Carlos, en cuya representación iba a asistir la Reina Sofía, ocuparía su lugar entre Gustavo de Suecia y Beatriz de Holanda.

Si bien son los herederos quienes suelen asistir a este tipo de actos, esta vez lo harán los monarcas, reunidos por primera vez desde las bodas de oro en el trono de Isabel II en 2002. Aquel año se habían encontrado ya para los funerales de la Reina Madre. Por la noche, participarán en una cena ofrecida en Buckingham Palace por el Príncipe Carlos, mientras que los ciudadanos británicos esperarán al primer fin de semana de junio para conmerar el jubileo de diamantes.

Encarna la «parte digna» del Estado

En el centro de la reunión figura por tanto Isabel II, reina de reinas, jefa de Estado en 16 países, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas británicas y cabeza de la Iglesia anglicana. Nombra al primer ministro, con quien se reúne una vez por semana, y el Gobierno lo es de Su Majestad. Es parte integral del poder legislativo, junto a la Cámara de los Comunes y de los Lores. Los diplomáticos actúan en su nombre y nombra obispos por recomendación del primer ministro. Las cartas en un buzón son de su propiedad. Pero, como estableció en 1867 el constitucionalista británico por antonomasia, Walter Bagehot, la monarquía representa la «parte digna» del Estado, y no la «parte eficiente».

Es decir, que su poder es simbólico y no político. Pero su presencia es tan central en el ritual constitucional británico que parece encarnar el Estado más que ninguna otra monarquía. Su título completo es «Isabel Segunda, por la gracia de Dios, Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los demás reinos y territorios, cabeza de la Commonwealth y defensora de la fe». Por supuesto, fue Enrique VIII quien primero empleó este último título al «divorciarse» de la Iglesia Católica.

Un sondeo publicado esta semana por la BBC recoge que un 73% de los encuestados quieren que mantenga ese título, mientras que el 79% considera que «su papel religioso es importante».

En un país sin constitución escrita, no hay ley que recoja sus funciones, delimitadas por una mezcla de convenciones y de leyes que se remontan al Acta de Establecimiento de 1701, que regula la sucesión al trono. Bagehot resumió así los derechos del soberano en la monarquía parlamentaria británica: «El derecho a ser consultado, el derecho a animar, y el derecho a advertir». Un cierto margen de influir, por tanto, en el proceso político pero que no emerge jamás. Y que, en todo caso, es articulado en la intimidad de los encuentros semanales entre la Reina y el primer ministro, donde la convención establece que no puede oponerse al criterio del «premier».

Aunque es la Reina quien nombra al jefe de «su» Gobierno, la convención no le permitiría apartarse de las mayorías en el parlamento.

Reforma de la sucesión

Los expertos coinciden en que, desde un punto de vista material, su capacidad de intervención política es menor incluso que la del Rey de España, que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones», según el artículo 56 de la Constitución de 1978. Al igual que en España, las leyes del parlamento británico requieren el «consentimiento real», una formalidad que se manifiesta por carta, acatada siempre desde 1707. Otra manifestación de esa centralidad simbólica es el discurso de la Reina en la apertura del curso parlamentario, en el que la soberana se limita a leer –con toda la pomba del ritual– el programa legislativo establecido por el Gobierno, y solo por el Gobierno.

En su última edición, el pasado 9 de mayo, el Ejecutivo anunció un proyecto de ley para reformar la sucesión al trono eliminando dos vestigios de la Historia: la preferencia del varón o primogenitura masculina, y la prohibición de acceder al trono a quien esté casado con un católico.

El proceso, impulsado por David Cameron, fue aprobado el pasado mes de octubre por los 16 países que tienen a Isabel II como soberana (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Barbados, Jamaica y varias islas pequeñas), que deberán modificar sus constituciones para que entre en vigor la reforma de la que es, para muchos, la última monarquía universal.