El imperio privado del Príncipe Carlos, al desnudo

BORJA BERGARECHE
ABC

Un tribunal decidió ayer, por primera vez en la Historia, obligar al Príncipe Carlos a responder a una demanda de acceso a información de un ciudadano, equiparando así al heredero a la Corona británica a un funcionario público. El caso se originó tras la petición de un ecologista, Michael Bruton, de información sobre un criadero de ostras en Port Navas, situado dentro del territorio del Ducado de Cornualles, los dominios privados de 54 hectáreas que tiene el Príncipe en 21 condados del sur de Inglaterra.

Los abogados del Príncipe de Gales rechazaron la solicitud, alegando que la organización titular de este imperio particular es una «herencia completamente privada». En su demanda, realizada al amparo de la Ley de Libertad de Información británica -que obliga a las Administraciones Públicas a responder en 20 días a una solicitud de información de un ciudadano-, Bruton expresaba su preocupación por el posible impacto ambiental de la cría de ostras no nativas en la zona.

El tribunal le dio ayer la razón al sentenciar que, «aunque el Ducado tiene un contexto histórico que es complejo y, posiblemente, único», es verdad que «desempeña funciones de administración pública». Por tanto, concluye el juez, está sometido a las obligaciones de transparencia que establece la Ley de Libertad de Información.

Este pequeño reino dentro del Reino de su madre implica que si alguien muere en Cornualles sin herederos, sus bienes pasan al Ducado. Si una empresa quiebra, sus activos pasan al Ducado. Es el Duque quien puede nombra sacerdotes de la Iglesia de Inglaterra en sus tierras. El Ducado es además autoridad portuaria en el pequeño puerto de St. Mary en unas islas del suroeste de Inglaterra.

Polémica sobre su poder de veto legislativo

La sentencia llega además apenas unos días después de que la prensa británica desvelara que el gobierno de David Cameron había tenido que consultar hasta doce proyectos legislativos que podían afectar a los dominios privados del Príncipe Carlos, la mayoría de las veces relacionados con el Ducado de Cornualles. Según «The Guardian», varios ministros consultaron con el heredero al trono sobre leyes relativas al juego, a los Juegos Olímpicos, la seguridad vial, acceso costal y marino, vivienda o energía, lo que equivaldría, en opinión de muchos, en un improcedente derecho de veto legislativo del Príncipe de Gales. Otras fuentes indican que son 17 los proyectos de ley sobre los que se habría manifestado el heredero desde 2005.

Esta confusión entre lo que, en principio, no son más que los (amplios) dominios privados de un ciudadano de la familia Windsor y las funciones básicas del Estado ha generado un cierto debate en el Reino Unido, donde la tradición constitucional impone una absoluta no interferencia de la Familia Real en los asuntos públicos, al margen del papel simbólico central que desempeña la Reina Isabel II, y de la fortuna económica y patrimonial de la soberana.

El Ducado está valorado en más de 800 millones de euros, y reportó al padre de Guillermo y Enrique casi 20 millones de beneficios el año pasado, libres de impuestos. El Príncipe Carlos, a pesar de la exención fiscal de la que disfruta, paga de forma voluntaria la cifra equivalente que derivaría de su declaración de renta.