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Hace unos meses el Gobierno optó por vetar al Rey para que no acudiese a Barcelona a entregar los despachos de los nuevos jueces en la Escuela Judicial. En aquel momento Don Felipe se excusó con el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, porque era evidente que fue el ministro de Justicia quien había considerado no idónea la presencia del Rey. En aquel momento, el Gobierno invocó de modo absurdo cuestiones de seguridad, como si el Estado no tuviese mecanismos de sobra para garantizar la asistencia del Rey a un acto oficial en condiciones de absoluta normalidad. Se trataba de pagar el enésimo peaje al independentismo, con el que Sánchez empezaba a negociar su apoyo a los Presupuestos Generales. Además, en aquellos momentos estaba a punto de dictarse la sentencia que finalmente inhabilitó a Joaquim Torra como presidente de la Generalitat, y el Ejecutivo empleó un criterio de oportunidad política para no irritar al secesionismo, con sus líderes en prisión por sedición. Sin embargo, flaco favor hace La Moncloa a la Casa Real con el ninguneo constante al que someten al Jefe del Estado. Más aún, cuando desde el propio Gobierno los ministros de Podemos se jactan abiertamente de estar preparando la proclamación de otra república en España.
La defensa que hace Sánchez del Rey es insuficiente. Lo ocurrido ayer, alegando que se trataba de un acto íntimo porque no se quería abrumar al escritor, de avanzada edad, demuestra que priman los intereses políticos del Gobierno sobre cualquier guión institucional. Y eso ensombreció el acto más relevante para nuestra literatura, y también para la reivindicación del español como lengua universal. Cuando Margarit fue premiado, ni siquiera se sabía que el Ministerio de Educación iba a ceder ante el nacionalismo revocando la condición del español como lengua vehicular en las aulas. Hoy todo cuadra porque el Gobierno de Sánchez no da puntada sin hilo. Lo ocurrido ayer va más allá de estrictas razones de prudencia. Se semiocultó de manera consciente un acto en el que una vez más el Gobierno actuó de modo impropio con la Corona.
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