Luis Rodríguez Vega
La Razón
Esta semana se ha celebrado en Barcelona la entrega de despachos de los alumnos de la Escuela Judicial, que después de pasar por un largo y difícil proceso de selección, van a recoger su nombramiento definitivo como jueces. El acto se organiza por el Consejo General del Poder Judicial, de quien dependen la Escuela Judicial, que a su vez es el órgano que se ocupa de la selección y formación de los jueces.
Desde el año 2001 ese acto solemne es presidido por el Rey. No siempre ha sido así, antes lo hacia el presidente del Consejo y antes el ministro de Justicia. Creo recordar que fue el Consejo presidido por Javier Delgado quien comenzó con esta tradición, a propuesta del que era el director de la Escuela Judicial, Carlos Gómez.
La decisión suponía proporcionar a ese acto la mayor solemnidad posible, al ser presidido por el jefe del Estado. Aun siendo importante la solemnidad del acto, ya que normalmente viene asociada a su consideración social, lo más importante es su simbología.
El Rey, no solo es el jefe del Estado, sino que representa su unidad y permanencia, por eso los jueces administramos justicia en su nombre (art 117 CE). Es un símbolo de nuestra independencia de otros poderes del Estado, del ejecutivo y del legislativo. Por eso los jueces, además de jurar guardar y hacer guardar la Constitución, juramos lealtad a la Corona (art. 318 LOPJ).
En estos momentos solo sabemos que ha sido una decisión del Gobierno de la Nación, pero no sabemos, ya que el Gobierno no lo ha explicado, cuáles son las razones.
En todo caso, la ausencia del Rey en la entrega de despachos en la Escuela Judicial es una mala decisión por varios motivos.
Primero, porque debilita la apariencia de independencia del poder judicial, al someterlo a las decisiones arbitrarias del Gobierno, que, sin tener que dar explicación alguna, niega al jefe del Estado la autorización para acudir al acto. Parece que con ese acto despótico el Gobierno trate de humillar a los jueces que se han mantenido, como no podría ser de otra forma, independientes de sus necesidades políticas.
Segundo, porque debilita la autoridad del Rey, que, de esa forma arbitraria, ve limitada su presencia en el acto de nombramiento de los nuevos jueces al que ha sido invitado por el Consejo.
Tercero, porque transmite un mensaje de debilidad del Estado frente al independentismo que parece haber impedido que el Rey presida el acto porque se celebra en Barcelona. La Escuela Judicial es el único órgano de Estado en Cataluña. No parece que en estos momentos sea una buena idea reducir al máximo la presencia del Estado en Cataluña, y evitar el que el Rey, máximo representante de nuestra Nación, presida un acto de la carrera judicial, que precisamente ha sido el baluarte contra el secesionismo.
Lo he reconocido muchas veces, España tiene en Cataluña un grave problema político, que tiene que resolver políticamente, no judicialmente, pero esa negociación ha de tener unos límites claros, que respete a los no independentistas, y no puede pasar por cesiones que por simbólicas son intolerables.
En todo caso, les aseguro que hoy los jueces en Cataluña y en el resto de España nos vemos un poco más abandonados por el Gobierno, aunque sabemos que nuestra lealtad está con la Constitución y con la Corona.
La Razón
Desde el año 2001 ese acto solemne es presidido por el Rey. No siempre ha sido así, antes lo hacia el presidente del Consejo y antes el ministro de Justicia. Creo recordar que fue el Consejo presidido por Javier Delgado quien comenzó con esta tradición, a propuesta del que era el director de la Escuela Judicial, Carlos Gómez.
La decisión suponía proporcionar a ese acto la mayor solemnidad posible, al ser presidido por el jefe del Estado. Aun siendo importante la solemnidad del acto, ya que normalmente viene asociada a su consideración social, lo más importante es su simbología.
El Rey, no solo es el jefe del Estado, sino que representa su unidad y permanencia, por eso los jueces administramos justicia en su nombre (art 117 CE). Es un símbolo de nuestra independencia de otros poderes del Estado, del ejecutivo y del legislativo. Por eso los jueces, además de jurar guardar y hacer guardar la Constitución, juramos lealtad a la Corona (art. 318 LOPJ).
En estos momentos solo sabemos que ha sido una decisión del Gobierno de la Nación, pero no sabemos, ya que el Gobierno no lo ha explicado, cuáles son las razones.
En todo caso, la ausencia del Rey en la entrega de despachos en la Escuela Judicial es una mala decisión por varios motivos.
Primero, porque debilita la apariencia de independencia del poder judicial, al someterlo a las decisiones arbitrarias del Gobierno, que, sin tener que dar explicación alguna, niega al jefe del Estado la autorización para acudir al acto. Parece que con ese acto despótico el Gobierno trate de humillar a los jueces que se han mantenido, como no podría ser de otra forma, independientes de sus necesidades políticas.
Segundo, porque debilita la autoridad del Rey, que, de esa forma arbitraria, ve limitada su presencia en el acto de nombramiento de los nuevos jueces al que ha sido invitado por el Consejo.
Tercero, porque transmite un mensaje de debilidad del Estado frente al independentismo que parece haber impedido que el Rey presida el acto porque se celebra en Barcelona. La Escuela Judicial es el único órgano de Estado en Cataluña. No parece que en estos momentos sea una buena idea reducir al máximo la presencia del Estado en Cataluña, y evitar el que el Rey, máximo representante de nuestra Nación, presida un acto de la carrera judicial, que precisamente ha sido el baluarte contra el secesionismo.
Lo he reconocido muchas veces, España tiene en Cataluña un grave problema político, que tiene que resolver políticamente, no judicialmente, pero esa negociación ha de tener unos límites claros, que respete a los no independentistas, y no puede pasar por cesiones que por simbólicas son intolerables.
En todo caso, les aseguro que hoy los jueces en Cataluña y en el resto de España nos vemos un poco más abandonados por el Gobierno, aunque sabemos que nuestra lealtad está con la Constitución y con la Corona.
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