Daniel Berzosa
ABC
Este hostigamiento incesante a la Corona, a ratos sin cuartel, a ratos sibilino, sostenido por miembros del Gobierno, que prometieron desempeñar sus cargos con lealtad al Rey y a la Constitución, lo convierte en algo sin parangón, inimaginable y de una gravedad extrema. Y, además, los constituye, como ha escrito Antonio Burgos en estas páginas, en «Perjuros».
La situación puede resumirse así respecto del Rey, el Jefe del Estado, que, como órgano, está por encima de todos -«y cuando digo todos, digo todos»- los órganos del Estado. Injuriarlo es libertad de expresión; gritar «¡viva el Rey!» es pasarse tres montañas. ¿Será delictivo dentro de poco proclamar «¡viva el Rey!»?
El día 25 de septiembre ha supuesto la certificación de que el chavismo campea por España. Su agente principal en nuestra patria es el conglomerado de Unidas Podemos, cuyos socios, con matices raciales y por convergencia de intereses, eran sólo las fuerzas separatistas y criptoterroristas en sus demarcaciones tribales, hasta que el PSOE las legitimó como «sus» socios, y así andan embravecidas, desatadas y condicionantes.
Para establecer una república de Monipodio, atacan con inquina al Rey que defendió la Constitución, que impugnan y desacatan; persiguen aniquilar los mejores cuarenta y cinco años de la Historia de España, que, capitaneados por Juan Carlos I en la admirable Transición y continuados con esmero por el Rey Don Felipe VI, restauraron la concordia, la reconciliación, la libertad, la democracia y la prosperidad de los españoles.
Y ese certificado lo ha expedido precisamente el único que no debía hacerlo, el único que podía hacerlo; el presidente del Gobierno. Impuso la ausencia del Rey a un acto -además, protocolario- de otro poder del Estado, supuestamente por incapacidad gubernativa de garantizar su seguridad o -para aún mayor humillación- como pago a sus socios separatistas catalanes, cuyos votos necesitan para aprobar los presupuestos generales del Estado. Y, luego, consintió la injuria y la tergiversación, por orden cronológico, del perjuro ministro de Consumo, del perjuro vicepresidente segundo del Gobierno y del perjuro ministro de Universidades, tras una llamada de cortesía de Su Majestad al presidente del CGPJ.
La posición constitucional del Monarca no puede verse destruida o desintegrada por el hecho de que todos sus actos deben estar refrendados. Prohibirle o impedirle que ejerza su papel como máximo representante es contrario a la Constitución, y, más, si el acto en el que participa carece de dimensión material o, si se prefiere, es simbólico. Hacerlo supone anular una competencia del Rey, una característica esencial como órgano. La Constitución lo veta y existe una «opinio iuris» extendida (Fernández-Fontecha y Pérez de Armiñán).
La Jefatura del Estado que desempeña el Rey es necesaria por el papel peculiar que solo la Corona puede y debe desempeñar en la esfera política. La autoridad e influencia de la Institución Real es muy útil a la hora de resolver situaciones políticas delicadas (Constant). El Monarca de un régimen parlamentario, con su poder neutral y de influencia, es el mejor aliado del pueblo frente a los poderes efectivos del Estado y la mejor garantía de la integración de la complejidad social y el derecho a la libertad y la prosperidad del ser humano y los ciudadanos.
Es completamente absurdo pretender inmovilizar al Rey, negándole toda posibilidad de acción, a menos de anular sus funciones y asumir de forma anticonstitucional su desempeño por un órgano inadecuado (en este caso, la Presidencia del Gobierno) para abocar a aquella magistratura a una existencia «sin contenido, ni objeto, dotada solo de un poder nominal, ficticio, que tarde o temprano habría de desaparecer» (Cáceres Crosa). A no ser que esto sea lo que buscan el presidente del Gobierno y sus socios. Ramón Pérez-Maura lo ha sugerido en su columna «Para quien quiera verlo» (ABC, 25-09-20).
Proclaman las personas decentes que el Gobierno no puede cambiar el régimen constitucional por la vía de los hechos. Es exactamente lo que se está haciendo. Teresa Freixes lo ha contado en «La estrategia de la araña». Resulta que, en el siglo XXI, se ha de volver a la lucha política por la libertad; pero no contra ningún monarca absoluto y el Antiguo Régimen, periclitados hace más de doscientos años en Occidente, sino contra el democratismo absoluto (sin derechos humanos, ni división de poderes) y una Nueva Dictadura plebiscitaria. No se trata de Monarquía o República, o más precisamente, de la forma de la Jefatura del Estado, si hereditaria o electiva, sino de libertad o tiranía, de democracia o dictadura.
Julián Marías dijo: «Lo que más me inquieta es que en España todo el mundo se pregunta qué va a pasar; pero casi nadie hace esta otra pregunta: ¿qué vamos a hacer?». Defender al Rey es defender la Constitución, el pacto, la reconciliación, la democracia, la libertad, la fraternidad entre españoles. Es imprescindible la unión de todas las fuerzas de la razón, del signo que sean, que forman la inmensa mayoría de la nación, para detener este camino hacia el autoritarismo.
Si no es posible, la oposición discrepante o parlamentaria tiene que unirse para detener políticamente y desalojar electoralmente a los actuales gobernantes. Es ahora o en muchos años. El chavismo ya está desplegado en España y lo está infectando todo a una velocidad inaudita. Lo que a Chávez le costó años, aquí lo han conseguido en menos de un año. El problema en Venezuela, Bolivia o Ecuador fue la ausencia de una unidad de acción contra el chavismo.
Y, hoy, en nombre de la libertad y la democracia, todos los ciudadanos, con independencia de nuestras legítimas y saludables diferencias ideológicas, manifestamos alto y claro nuestra lealtad a la Monarquía Parlamentaria y nos sumamos a esa pasada judicial de tres montañas, con un triple viva: ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva el Rey!
