Manuel Aragón, catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional.
La legitimidad de origen de la monarquía, como forma política en la que un rey es el jefe del Estado, proviene del regular acceso hereditario a la Corona. Esa característica es genuina e indisociable de la monarquía. Sin embargo, en la monarquía parlamentaria, que es la única fórmula que hace compatibles monarquía y democracia, esa legitimad dinástica, que tiene sus virtudes en cuanto a la estabilidad estatal, va acompañada, necesariamente, de otra legitimidad de origen, de tipo indirectamente democrático: la que se deriva de estar prevista en una Constitución emanada de la voluntad popular, que ha descargado de poderes autónomos al rey y únicamente le ha confiado una función de auctoritas de carácter simbólico y moderador amparada en su obligada neutralidad política y su exclusivo servicio a los intereses generales. Pero ni a la monarquía ni a ninguna otra forma política le basta con la legitimidad de origen, ya que necesita también de la legitimidad de ejercicio, basada en la creencia generalizada de que los poderes públicos cumplen correcta y útilmente sus funciones constitucionales.
Es una característica genuina de la monarquía parlamentaria que su legitimidad de ejercicio tiene más peso que la de origen, pues sin aquella, esta vería muy mermada su eficacia, por la sencilla razón de que, hoy, la monarquía parlamentaria descansa, sobre todo, en su utilidad. En el fondo, esto ya se contenía en la vieja máxima isidoriana: rex eris si recte facies. Ese obrar rectamente, dado el carácter personalísimo de la institución monárquica, se extiende en una doble dimensión: pública y privada, pues no abarca solo el deber institucional de cumplir exactamente las funciones constitucionalmente atribuidas, sino también el deber personal de dar un ejemplo constante de honradez. No cabe descartar que un buen rey en el plano institucional pueda haber dado un mal ejemplo en su vida personal y que, al hacerle objeto de un juicio histórico, deben separarse ambas facetas, ya que los defectos personales del rey no privan, por sí solos, de valor al correcto ejercicio de sus funciones públicas si así las hubiera desempeñado, ni, en todo caso, invalidan las ventajas institucionales de la monarquía parlamentaria como sistema. Pero también es cierto que, si el defecto personal del rey fuese patente y generalmente conocido, podría impedir, muy probablemente, que el correcto ejercicio institucional desplegase capacidad legitimadora. O dicho más claramente, podría hacer muy difícil que la monarquía sobreviviera.
Las anteriores consideraciones, de índole teórica, deben servirnos en la práctica para juzgar adecuadamente el reciente comunicado de la Casa del Rey referido a las relaciones entre Felipe VI y su padre, el rey Juan Carlos. Este comunicado puede suscitar cuestiones que son menores, en mi opinión, tales como los efectos jurídicos de la renuncia a la herencia que pudiera corresponderle a nuestro Rey (me parece claro que en el plano constitucional, al margen del Derecho Civil, hay que entender esa renuncia, sin duda, como un compromiso firme e irrevocable) o si debió hacerse público el problema que ahora se denuncia cuando se conoció hace un año (entonces creo que, personal e institucionalmente, se hizo lo que se debía, que ahora no queda desmentido, sino ratificado). Lo importante de ese comunicado no son, pues, esos detalles, sino su forma y contenido: el modo firme, tajante, sin paliativos, con que nuestro Rey ha reaccionado, por muy doloroso que, personalmente, le haya resultado hacerlo, reiterando públicamente un compromiso ético asumido desde el momento de su acceso al trono. Como en el propio comunicado se recuerda, don Felipe ya anunció en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales que su conducta como Rey estaría caracterizada por la honestidad institucional y personal.
Aquellas palabras, fieles a la convicción de que es absolutamente necesaria la legitimidad de ejercicio en la monarquía parlamentaria, no tienen desperdicio, y conviene transcribirlas, pues son la clave del reciente comunicado, esto es, de lo que, con toda seguridad, nuestro Rey haría cuando la conducta de cualquiera de los miembros de su familia no se atuviese a esos valores: "La Corona debe (…) velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren —y la ejemplaridad presida— nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos".
Es difícil decirlo mejor: por encima de la familia, de los afectos personales, de los sentimientos filiales, está el exacto cumplimiento del deber y la irrenunciable ética pública que han de acompañar a la Corona y a sus titulares; así lo exigen los tiempos, pero también la idea, permanente en una monarquía parlamentaria, de que sin legitimidad de ejercicio la monarquía no puede subsistir. Pocos, creo, han comprendido mejor que Felipe VI lo que la monarquía parlamentaria significa. Los españoles tenemos la inmensa suerte de contar con un buen Rey, con un Rey auténticamente constitucional, no solo por haber accedido al trono y reinar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y por tener una sólida formación constitucional, sino además por su absoluta identificación con los valores que nuestra Constitución exige a la conducta de todos los cargos públicos.
Por ello los ciudadanos podemos confiar en la capacidad de advertir y animar de nuestro Rey cuando la Constitución se pone en peligro, como hizo en su mensaje del 3 de octubre de 2017, o cuando se ponen en peligro el Estado y la misma sociedad, como está ocurriendo con la pandemia actual del coronavirus, de cuyo desarrollo y de cuyas medidas públicas para afrontarla ha estado informado el Rey desde el primer momento, participando, dentro de la naturaleza de sus funciones, en la responsabilidad estatal irrenunciable ante esta situación. Por ello, una vez adoptadas por las autoridades competentes las urgentes medidas necesarias, nuestro Rey ha vuelto, el pasado día 18, a dirigirse a la nación animando a los ciudadanos a confiar en sí mismos y en las instituciones, y garantizando que los poderes públicos están actuando y lo seguirán haciendo con toda la fuerza necesaria para combatir con éxito esta gravísima crisis sanitaria, social y económica. Estoy seguro de que esa alocución ha tenido un gran efecto, porque la intachable legitimidad de ejercicio que, como Rey, viene demostrando, lo hacen acreedor de la confianza ciudadana.
En España, el Rey no es, como algunos dicen, por ignorancia o malicia, un "mero adorno constitucional", sino una pieza fundamental del Estado que incluso (en frase clásica referida a la monarquía parlamentaria) "hace más de lo que parece hacer", aunque no tenga competencia, por sí solo, para adoptar decisiones políticas. Estas les corresponde adoptarlas a los órganos democráticos, y en la actual crisis al Gobierno de la nación, cuyas decisiones han de ser obedecidas por todos los españoles y todas las autoridades. Pero, sin duda, la auctoritas del Monarca fortalecerá la necesaria acción del Estado para que los españoles salgamos, cuanto antes, de la terrible crisis que nos atenaza.
