Editorial ABC
UN inquietante y cada vez menos sutil revisionismo sectario y rupturista emerge con progresiva nitidez del programa de recuperación de la «memoria histórica» puesto en marcha por la izquierda con la complaciente anuencia de un Gobierno que utiliza a sus socios como coartada para un plan en el que no resulta difícil atisbar mucho más que una discutible reivindicación unilateral de las víctimas de la Guerra Civil. La proposición de ley aprobada el viernes en el Congreso, en la que se declara a la II República como referencia histórica de la actual democracia española, insiste con peligrosa recurrencia en obviar el papel de la Monarquía como factor de estabilidad y legitimación de este largo y fecundo periodo de concordia civil y política, y viene a establecer un discurso ideológico que, lejos de hacer justicia histórica, falsifica de manera patente la identidad real de nuestro pasado colectivo.
Tras el escandaloso ninguneo con que la izquierda y los nacionalistas zanjaron en febrero la conmemoración de la intentona golpista del 23-F, saltando por encima de la evidencia decisiva de que fue Don Juan Carlos quien atajó definitivamente la sublevación, la iniciativa sobre la memoria histórica abunda en el mismo doloso error de concepto. Y no sólo porque minimiza el papel de la Corona como promotora de la ingeniería política que desmanteló el régimen de Franco para sustituirlo por un sistema de libertades constitucionales, sino porque sitúa en la República -sin el menor atisbo de reconocimiento de su manifiesto fracaso entre graves desórdenes de convivencia civil- la referencia de legitimidad del actual orden democrático.
Siquiera por un mínimo rigor historiográfico, el recorrido democrático de la España de los dos últimos siglos no puede efectuarse ignorando el peso de la Corona en nuestras experiencias constitucionales. No sólo por su esencial aportación a la Carta Magna de 1978, sino por otros hechos esenciales que el Gobierno parece querer borrar de manera deliberada: la Constitución de 1876, base del turnismo de la Restauración; la patriótica petición de colaboración con la República efectuada por Don Alfonso XIII en mayo de 1931, a través de las páginas de ABC, o el Manifiesto de Lausana con el que Don Juan de Borbón solicitó en 1945 el establecimiento de un régimen democrático, lo que valió al tiempo la hostilidad de Franco y la consideración y el respeto de una izquierda que ahora parece olvidar su propio ADN histórico.
El afán por situar en la República el origen legítimo de la democracia vigente salta, además, por encima de la realidad indiscutible de que el Rey no abdicó en 1931, sino que resignó poderes a favor del nuevo régimen sobrevenido de manera abrupta y no reglada a partir de unas elecciones locales derivadas en pronunciamiento popular. Esa resignación fue lo que permitió la restauración monárquica de 1975, dando paso a un proceso, el de la Transición, de restablecimiento de las libertades civiles y políticas que ha permitido el periodo democrático más relajado, más largo y menos conflictivo de las dos últimas centurias.
Existen razones sobradas para abrazar, más allá del mero accidentalismo, la causa monárquica, seña de identidad esencial de este periódico durante su historia centenaria. La Monarquía constitucional del 78 ha resuelto de manera palmaria cuestiones históricas accidentadas, como la religiosa, la agraria o la militar; ha propiciado la plena integración en Europa y ha dado paso a un modelo de organización territorial plural y descentralizado que sólo recientemente ha comenzado a zozobrar, por mor de la arriesgada agenda de un Gobierno poco juicioso. La Corona representa, según la Constitución felizmente vigente, la unidad y permanencia del Estado, y sólo desde la irresponsabilidad se puede ignorar o minimizar esta crucial referencia de estabilidad histórica.
Las omisiones dolosas contenidas en el programa revisionista de la izquierda dan sentido a un nuevo impulso de la militancia monárquica que ABC, en consonancia con su trayectoria histórica, se siente dispuesto a abanderar en la medida de sus posibilidades y en plena coherencia con sus principios fundacionales. Y ello porque, frente a la manipulación con que se pretende reescribir a conveniencia una historia que olvida el papel histórico de la Monarquía constitucional, creemos firmemente que la mayoría de los españoles se identifica con la Corona como garantía y referente democráticos, mucho más que con las instituciones de diseño que el Gobierno y sus aliados propician a través de operaciones torticeras de intencionalidad rupturista y desestabilizadora.
