Carmen Gurruchaga
La Razón
El Rey es el jefe del Estado Español y el artículo 56 de la Constitución le insta a moderar y a terciar cuando la situación lo requiera y, probablemente, Don Juan Carlos haya considerado que la debacle económica por la que atraviesa el país es una buena ocasión para ejercitar el papel que le otorga la Carta Magna. Por eso resulta difícil de entender que el Ejecutivo se haya molestado por la intervención de Su Majestad. Es más, tanta crítica desafortunada e inoportuna da que pensar. Quizás el Gobierno no creyera que la actuación mediadora del monarca le fuera a dejar con el trasero al aire, sino que pensara que tras la acción del Rey sería el PP el que aparecería ante la ciudadanía con el paso cambiado. Pero ha sucedió exactamente lo contrario y de ahí su indisimulado mosqueo.
En cualquier caso, el Rey, como el resto de sus súbditos, lleva casi tres años observando las (no) medidas adoptadas por el Ejecutivo Zapatero para paliar el tsunami económico que se nos ha venido encima y viendo cómo su país se está quedando a la cola de entre los de su entorno. Como todos los españoles ha comprobado que el desánimo ha cundido en la ciudadanía pues cada vez nos hallamos en una sima más profunda, desde la que ya ni siquiera se ve la luz. En estas circunstancias, quién mejor que Don Juan Carlos, una personalidad cercana al pueblo, para tratar de infundir esperanza. Y es lo que ha hecho proponiendo un consenso entre todos para que el Gobierno deje de transitar como «El llanero solitario», sin contar con nadie, excepto con los consejos que le proporciona el secretario general de la UGT. Obviamente, un sindicalista propone al presidente que se ocupe de los más desfavorecidos y que se olvide de ayudar a los grandes, pequeños y medianos empresarios, que son los que generan empleo en este país. La vieja máxima de quitar dinero a los ricos para dar de comer a los pobres, pero los tiempos de Robin Hood ya pasaron. Ahora cada vez hay menos ricos a los que esquilmar. Vivimos una situación complicada para unos y otros: el país no consume, tampoco produce, se cierran las empresas y nos encontramos donde estamos. Con un déficit de casi el 12%, una deuda pública que se ha doblado en los últimos años, más de cuatro millones de personas sin empleo y cayendo.
Los datos siguen empecinados en demostrar que la situación económica disparó la cantidad de familias y empresas en situación de quiebra. Según el INE, las familias que se declararon en concurso de acreedores se duplicaron al incrementarse un 132,2% respecto a 2008, mientras que las empresas que se declararon en quiebra se multiplicaron por más de cinco, al aumentar un 466,4%. El 74,9% del total de empresas declaradas en concurso en 2009 tenía como actividad principal la construcción, la industria, las inmobiliarias y el comercio. Es decir, todos los sectores. Y el Colegio de Economistas prevé que esta cifra se mantenga en 2010, dado que estamos aún muy lejos de la concursalidad de países de nuestro entorno. Le corresponde a la Administración tomar medidas que faciliten la supervivencia de las empresas. Entre estas, una modificación de las normas sobre cotizaciones sociales que en la práctica, supone un impuesto muy gravoso para la creación de empleo; más del 30% para la empresa.
La Razón
El Rey es el jefe del Estado Español y el artículo 56 de la Constitución le insta a moderar y a terciar cuando la situación lo requiera y, probablemente, Don Juan Carlos haya considerado que la debacle económica por la que atraviesa el país es una buena ocasión para ejercitar el papel que le otorga la Carta Magna. Por eso resulta difícil de entender que el Ejecutivo se haya molestado por la intervención de Su Majestad. Es más, tanta crítica desafortunada e inoportuna da que pensar. Quizás el Gobierno no creyera que la actuación mediadora del monarca le fuera a dejar con el trasero al aire, sino que pensara que tras la acción del Rey sería el PP el que aparecería ante la ciudadanía con el paso cambiado. Pero ha sucedió exactamente lo contrario y de ahí su indisimulado mosqueo.
En cualquier caso, el Rey, como el resto de sus súbditos, lleva casi tres años observando las (no) medidas adoptadas por el Ejecutivo Zapatero para paliar el tsunami económico que se nos ha venido encima y viendo cómo su país se está quedando a la cola de entre los de su entorno. Como todos los españoles ha comprobado que el desánimo ha cundido en la ciudadanía pues cada vez nos hallamos en una sima más profunda, desde la que ya ni siquiera se ve la luz. En estas circunstancias, quién mejor que Don Juan Carlos, una personalidad cercana al pueblo, para tratar de infundir esperanza. Y es lo que ha hecho proponiendo un consenso entre todos para que el Gobierno deje de transitar como «El llanero solitario», sin contar con nadie, excepto con los consejos que le proporciona el secretario general de la UGT. Obviamente, un sindicalista propone al presidente que se ocupe de los más desfavorecidos y que se olvide de ayudar a los grandes, pequeños y medianos empresarios, que son los que generan empleo en este país. La vieja máxima de quitar dinero a los ricos para dar de comer a los pobres, pero los tiempos de Robin Hood ya pasaron. Ahora cada vez hay menos ricos a los que esquilmar. Vivimos una situación complicada para unos y otros: el país no consume, tampoco produce, se cierran las empresas y nos encontramos donde estamos. Con un déficit de casi el 12%, una deuda pública que se ha doblado en los últimos años, más de cuatro millones de personas sin empleo y cayendo.
Los datos siguen empecinados en demostrar que la situación económica disparó la cantidad de familias y empresas en situación de quiebra. Según el INE, las familias que se declararon en concurso de acreedores se duplicaron al incrementarse un 132,2% respecto a 2008, mientras que las empresas que se declararon en quiebra se multiplicaron por más de cinco, al aumentar un 466,4%. El 74,9% del total de empresas declaradas en concurso en 2009 tenía como actividad principal la construcción, la industria, las inmobiliarias y el comercio. Es decir, todos los sectores. Y el Colegio de Economistas prevé que esta cifra se mantenga en 2010, dado que estamos aún muy lejos de la concursalidad de países de nuestro entorno. Le corresponde a la Administración tomar medidas que faciliten la supervivencia de las empresas. Entre estas, una modificación de las normas sobre cotizaciones sociales que en la práctica, supone un impuesto muy gravoso para la creación de empleo; más del 30% para la empresa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario