miércoles, 30 de septiembre de 2020

El Rey y las tres montañas

Daniel Berzosa
ABC

Tras los sucesos del día 25 de septiembre, ha quedado constatado ante la opinión pública nacional el acoso contra la Corona por el presidente del Gobierno -por omisión y acción- y algunos miembros del Gobierno -por acción-, que, simultánea y alucinantemente, integran el poder ejecutivo y la oposición anticonstitucional en España. Esta oposición, a diferencia de la «discrepante», refuta el sistema de legitimidad «en que se apoyan los poderes constituidos, poniéndose, por tanto, en tela de juicio la fundamentación del sistema y del poder» (De Vega).

Este hostigamiento incesante a la Corona, a ratos sin cuartel, a ratos sibilino, sostenido por miembros del Gobierno, que prometieron desempeñar sus cargos con lealtad al Rey y a la Constitución, lo convierte en algo sin parangón, inimaginable y de una gravedad extrema. Y, además, los constituye, como ha escrito Antonio Burgos en estas páginas, en «Perjuros».

La situación puede resumirse así respecto del Rey, el Jefe del Estado, que, como órgano, está por encima de todos -«y cuando digo todos, digo todos»- los órganos del Estado. Injuriarlo es libertad de expresión; gritar «¡viva el Rey!» es pasarse tres montañas. ¿Será delictivo dentro de poco proclamar «¡viva el Rey!»?

El día 25 de septiembre ha supuesto la certificación de que el chavismo campea por España. Su agente principal en nuestra patria es el conglomerado de Unidas Podemos, cuyos socios, con matices raciales y por convergencia de intereses, eran sólo las fuerzas separatistas y criptoterroristas en sus demarcaciones tribales, hasta que el PSOE las legitimó como «sus» socios, y así andan embravecidas, desatadas y condicionantes.

Para establecer una república de Monipodio, atacan con inquina al Rey que defendió la Constitución, que impugnan y desacatan; persiguen aniquilar los mejores cuarenta y cinco años de la Historia de España, que, capitaneados por Juan Carlos I en la admirable Transición y continuados con esmero por el Rey Don Felipe VI, restauraron la concordia, la reconciliación, la libertad, la democracia y la prosperidad de los españoles.

Y ese certificado lo ha expedido precisamente el único que no debía hacerlo, el único que podía hacerlo; el presidente del Gobierno. Impuso la ausencia del Rey a un acto -además, protocolario- de otro poder del Estado, supuestamente por incapacidad gubernativa de garantizar su seguridad o -para aún mayor humillación- como pago a sus socios separatistas catalanes, cuyos votos necesitan para aprobar los presupuestos generales del Estado. Y, luego, consintió la injuria y la tergiversación, por orden cronológico, del perjuro ministro de Consumo, del perjuro vicepresidente segundo del Gobierno y del perjuro ministro de Universidades, tras una llamada de cortesía de Su Majestad al presidente del CGPJ.

La posición constitucional del Monarca no puede verse destruida o desintegrada por el hecho de que todos sus actos deben estar refrendados. Prohibirle o impedirle que ejerza su papel como máximo representante es contrario a la Constitución, y, más, si el acto en el que participa carece de dimensión material o, si se prefiere, es simbólico. Hacerlo supone anular una competencia del Rey, una característica esencial como órgano. La Constitución lo veta y existe una «opinio iuris» extendida (Fernández-Fontecha y Pérez de Armiñán).

La Jefatura del Estado que desempeña el Rey es necesaria por el papel peculiar que solo la Corona puede y debe desempeñar en la esfera política. La autoridad e influencia de la Institución Real es muy útil a la hora de resolver situaciones políticas delicadas (Constant). El Monarca de un régimen parlamentario, con su poder neutral y de influencia, es el mejor aliado del pueblo frente a los poderes efectivos del Estado y la mejor garantía de la integración de la complejidad social y el derecho a la libertad y la prosperidad del ser humano y los ciudadanos.

Es completamente absurdo pretender inmovilizar al Rey, negándole toda posibilidad de acción, a menos de anular sus funciones y asumir de forma anticonstitucional su desempeño por un órgano inadecuado (en este caso, la Presidencia del Gobierno) para abocar a aquella magistratura a una existencia «sin contenido, ni objeto, dotada solo de un poder nominal, ficticio, que tarde o temprano habría de desaparecer» (Cáceres Crosa). A no ser que esto sea lo que buscan el presidente del Gobierno y sus socios. Ramón Pérez-Maura lo ha sugerido en su columna «Para quien quiera verlo» (ABC, 25-09-20).

Proclaman las personas decentes que el Gobierno no puede cambiar el régimen constitucional por la vía de los hechos. Es exactamente lo que se está haciendo. Teresa Freixes lo ha contado en «La estrategia de la araña». Resulta que, en el siglo XXI, se ha de volver a la lucha política por la libertad; pero no contra ningún monarca absoluto y el Antiguo Régimen, periclitados hace más de doscientos años en Occidente, sino contra el democratismo absoluto (sin derechos humanos, ni división de poderes) y una Nueva Dictadura plebiscitaria. No se trata de Monarquía o República, o más precisamente, de la forma de la Jefatura del Estado, si hereditaria o electiva, sino de libertad o tiranía, de democracia o dictadura.

Julián Marías dijo: «Lo que más me inquieta es que en España todo el mundo se pregunta qué va a pasar; pero casi nadie hace esta otra pregunta: ¿qué vamos a hacer?». Defender al Rey es defender la Constitución, el pacto, la reconciliación, la democracia, la libertad, la fraternidad entre españoles. Es imprescindible la unión de todas las fuerzas de la razón, del signo que sean, que forman la inmensa mayoría de la nación, para detener este camino hacia el autoritarismo.

Si no es posible, la oposición discrepante o parlamentaria tiene que unirse para detener políticamente y desalojar electoralmente a los actuales gobernantes. Es ahora o en muchos años. El chavismo ya está desplegado en España y lo está infectando todo a una velocidad inaudita. Lo que a Chávez le costó años, aquí lo han conseguido en menos de un año. El problema en Venezuela, Bolivia o Ecuador fue la ausencia de una unidad de acción contra el chavismo.

Y, hoy, en nombre de la libertad y la democracia, todos los ciudadanos, con independencia de nuestras legítimas y saludables diferencias ideológicas, manifestamos alto y claro nuestra lealtad a la Monarquía Parlamentaria y nos sumamos a esa pasada judicial de tres montañas, con un triple viva: ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva el Rey!

domingo, 27 de septiembre de 2020

Lealtad a la Corona

Luis Rodríguez Vega  
La Razón
 
Esta semana se ha celebrado en Barcelona la entrega de despachos de los alumnos de la Escuela Judicial, que después de pasar por un largo y difícil proceso de selección, van a recoger su nombramiento definitivo como jueces. El acto se organiza por el Consejo General del Poder Judicial, de quien dependen la Escuela Judicial, que a su vez es el órgano que se ocupa de la selección y formación de los jueces.

Desde el año 2001 ese acto solemne es presidido por el Rey. No siempre ha sido así, antes lo hacia el presidente del Consejo y antes el ministro de Justicia. Creo recordar que fue el Consejo presidido por Javier Delgado quien comenzó con esta tradición, a propuesta del que era el director de la Escuela Judicial, Carlos Gómez.

La decisión suponía proporcionar a ese acto la mayor solemnidad posible, al ser presidido por el jefe del Estado. Aun siendo importante la solemnidad del acto, ya que normalmente viene asociada a su consideración social, lo más importante es su simbología.

El Rey, no solo es el jefe del Estado, sino que representa su unidad y permanencia, por eso los jueces administramos justicia en su nombre (art 117 CE). Es un símbolo de nuestra independencia de otros poderes del Estado, del ejecutivo y del legislativo. Por eso los jueces, además de jurar guardar y hacer guardar la Constitución, juramos lealtad a la Corona (art. 318 LOPJ).

En estos momentos solo sabemos que ha sido una decisión del Gobierno de la Nación, pero no sabemos, ya que el Gobierno no lo ha explicado, cuáles son las razones.

En todo caso, la ausencia del Rey en la entrega de despachos en la Escuela Judicial es una mala decisión por varios motivos.

Primero, porque debilita la apariencia de independencia del poder judicial, al someterlo a las decisiones arbitrarias del Gobierno, que, sin tener que dar explicación alguna, niega al jefe del Estado la autorización para acudir al acto. Parece que con ese acto despótico el Gobierno trate de humillar a los jueces que se han mantenido, como no podría ser de otra forma, independientes de sus necesidades políticas.

Segundo, porque debilita la autoridad del Rey, que, de esa forma arbitraria, ve limitada su presencia en el acto de nombramiento de los nuevos jueces al que ha sido invitado por el Consejo.

Tercero, porque transmite un mensaje de debilidad del Estado frente al independentismo que parece haber impedido que el Rey presida el acto porque se celebra en Barcelona. La Escuela Judicial es el único órgano de Estado en Cataluña. No parece que en estos momentos sea una buena idea reducir al máximo la presencia del Estado en Cataluña, y evitar el que el Rey, máximo representante de nuestra Nación, presida un acto de la carrera judicial, que precisamente ha sido el baluarte contra el secesionismo.

Lo he reconocido muchas veces, España tiene en Cataluña un grave problema político, que tiene que resolver políticamente, no judicialmente, pero esa negociación ha de tener unos límites claros, que respete a los no independentistas, y no puede pasar por cesiones que por simbólicas son intolerables.

En todo caso, les aseguro que hoy los jueces en Cataluña y en el resto de España nos vemos un poco más abandonados por el Gobierno, aunque sabemos que nuestra lealtad está con la Constitución y con la Corona.

viernes, 25 de septiembre de 2020

El Presidente del CGPJ: "Sentimos un enorme pesar por la ausencia del Rey, sean cuales sean los motivos"

El Mundo

"No contamos con la asistencia de Su Majestad el Rey. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia". Así ha comenzado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, su discurso en la ceremonia de entrega de despachos a la última promoción de jueces, un acto marcado por el veto del Gobierno a la presencia del Rey en Barcelona.

"La presencia del Rey en el acto", ha proseguido, "va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos. [...]". "Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial".

Lesmes ha cerrado así el bloque del discurso centrado en la ausencia del Rey: "Reiterando nuestro pesar por lo sucedido, y sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado, expresamos nuestro firme deseo de que Su Majestad el Rey pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces".

Durante el acto, Lesmes ha estado acompañado en el estrado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El discurso del presidente del CGPJ cerraba el acto. Antes de que formalizara la despedida, el vocal del CGPJ José Antonio Ballestero se ha levantado para dirigirse al auditorio: "Antes de concluir el acto querría pediros que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo 'viva el Rey'", ha dicho. Las palabras han sido respondidas con un sonoro "viva" por los asistentes. Entre ellos, el del presidente del CGPJ, el único en el estrado que en ese momento no llevaba mascarilla.

En la sede de la Escuela Judicial estaban este viernes 47 de los 62 nuevos jueces. Nueve de ellos habían anunciado su ausencia antes de que se conociera la polémica ausencia del Rey; otros seis comunicaron con posterioridad que no asistirían.

Quien tampoco se encontraba en el acto era el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que comunicó el miércoles que no asistiría al acto en el que ya había confirmado su presencia. El motivo aducido han sido cuestiones de agenda, si bien fuentes judiciales consideran evidente que es también su respuesta al desaire del Ejecutivo a Felipe VI.

Tras conocer la ausencia forzada de Felipe VI, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordó que fuera Lesmes diera la "respuesta institucional" en el discurso del acto celebrado en la sede de la Escuela Judicial. En paralelo, varios vocales decidieron emitir un comunicado en el que lamentaban "profundamente» la ausencia del Monarca en la Ciudad Condal.

En esa declaración, los seis vocales recuerdan que, según la Constitución, la Justicia "se administra en nombre del Rey, razón por la cual es costumbre que los principales actos de la vida judicial española -la apertura del año judicial y la entrega de despachos a la nueva promoción- sean presididos por el Rey".

También reaccionaron a la ausencia del Rey tres de las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-, que emitieron sendos comunicados reclamando explicaciones, ya que el Gobierno no había comunicado al CGPJ los motivos de su decisión.