Almudena Martínez-Fornés
ABC
Don Felipe cumplirá el próximo viernes seis años como Rey, y lo hará bajo un estado de alarma y en unas circunstancias políticas, económicas, sociales, sanitarias y personales muy excepcionales. El aniversario llega en medio de una tormenta perfecta, agitada por el deseo de algunos ministros del Gobierno de acabar con la Monarquía y el sistema democrático de 1978, algo que varios de ellos ya han insinuado en público y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido desmentir.
Nunca, hasta ahora, había habido un gobierno formado por socialistas y comunistas, ni en Monarquía ni en las Repúblicas. Sin embargo, la Legislatura arrancó con aparente normalidad. Sánchez y sus 22 ministros prometieron «lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución», y el día de la Apertura Solemne, el pasado 3 de febrero, todos sus miembros, incluidos los republicanos, se sumaron en el Parlamento a uno de los aplausos más largos que ha recibido el Rey, de casi cuatro minutos de duración.
Un par de meses después, empezaron las insinuaciones de ministros como Pablo Iglesias o Alberto Garzón, criticando la formación militar del Rey o haciendo apología de la República, a las que siguieron las de Juan Carlos Campo, que llegó a hablar el pasado miércoles en tres ocasiones de «crisis constituyente» en el Congreso de los Diputados. Estos comentarios se sumaron a la hostilidad que los socios separatistas del Gobierno venían mostrando hacia la Corona como símbolo de la unidad del Estado.
Mientras que los independentistas catalanes ven en Don Felipe al hombre que acabó con su ensoñación secesionista de 2017, y no se lo perdonan, los separatistas de Bildu ven también en el Rey a quien siempre ha estado del lado de las víctimas del terrorismo que ellos siguen sin condenar. De hecho, Don Felipe y Doña Letizia quisieron que el primer acto de su reinado fuera precisamente con todas las víctimas del terrorismo.
A las críticas se añade una larga cadena de plantones y ninguneos por parte del jefe del Ejecutivo y al intento de silenciar al Rey en la etapa más grave de la democracia, con más de 40.000 muertos, según el Instituto Nacional de Estadística, por la pandemia del Covid-19, y en medio de una ruina económica y un pesimismo generalizado.
Un hecho llamativo es que Sánchez nunca ha defendido al Rey de las críticas recibidas por parte de sus socios, ha llegado tarde a citas con Don Felipe en varias ocasiones y le ha sustituido en actos propios de jefes de Estado, como fue la Cumbre del Cambio Climático. Además, no asistió al debut de la Princesa de Asturias en Oviedo, como hizo Leopoldo Calvo-Sotelo cuando se estrenó el Heredero de la Corona en 1981. Y tampoco acompañó a la Familia Real en Barcelona, durante la primera visita oficial de la Heredera de la Corona a Cataluña en medio de protestas separatistas.
Los partidarios de derrocar el actual sistema son conscientes de que Don Felipe es un Rey difícil de atacar, pues en su caso se une a un comportamiento institucional impecable, la autoexigencia -hecha pública el día de su proclamación- de mantener «una conducta íntegra, honesta y transparente». Y porque en los seis años de su reinado ha adoptado numerosas medidas para convertir a la Casa del Rey en una de las instituciones más transparentes de España. Entre ellas, la prohibición de que los miembros de la Familia Real puedan trabajar en empresas públicas o privadas, la adopción de un régimen jurídico para los regalos, cuyo valor no puede superar los usos de cortesía; un exigente código de conducta para los empleados de la Casa del Rey y el sometimiento voluntario de las cuentas a una auditoría pública.
Además, Don Felipe no ha perdido ocasión para renovar ese compromiso con la honestidad: «Es preciso que las acciones del Rey se guíen por la ejemplaridad y la dignidad, por la integridad, la capacidad de sacrificio y la entrega sin reservas a España», insistió hace un año, en la celebración del quinto aniversario de su reinado.
En cambio, los opositores a la Monarquía creen haber encontrado un balón de oxígeno en las supuestas cuentasde Don Juan Carlos en el exterior, asunto con el que pretenden desprestigiar a la Corona y allanar su camino hacia la demolición del sistema, a pesar de que ha propiciado la mejor etapa de la historia de España.
Sin embargo, en el terreno de la ejemplaridad, Don Felipe juega en casa. A diferencia de los políticos, que tienden a tapar las irregularidades de sus compañeros de filas, el Rey ya ha demostrado que a él no le tiembla la mano cuando tiene que elegir entre el afecto familiar y la ejemplaridad de la Corona. Lo hizo en 2011, aún siendo Príncipe de Asturias, cuando marcó distancias con su cuñado, Iñaki Urdangarin; lo volvió a hacer en 2015, cuando revocó el Ducado de Palma de Mallorca, concedido a su hermana, la Infanta Cristina, y lo repitió el pasado 15 de marzo, cuando hizo pública la ruptura con su padre.
Don Felipe impuso su condición de Rey a la de hijo y, una vez más, tomó unas medidas muy dolorosas pero necesarias para preservar la autoridad moral de la Institución que encarna: la renuncia en su nombre y en el de su hija, la Princesa de Asturias, a cualquier herencia que no fuera transparente y ejemplar, y la retirada de la asignación anual a su padre.
Estas decisiones habían sido formalizadas hace un año ante notario, y el Rey tuvo que hacerlas públicas el pasado 15 de marzo, justo al día siguiente de que empezara el estado de alarma por la pandemia. Ese fin de semana habían arreciado las presiones y el intento de chantaje de los abogados de Corinna Larsen, que se encuentra acorralada judicialmente y trataba de implicar al Rey en una oscura operación. Su plan consistió en filtrar a la prensa que Don Felipe era beneficiario de dos fundaciones con cuentas en el exterior, algo que, si se hizo, fue sin su conocimiento ni consentimiento, según declaró el Rey ante notario.
Fue hace un año, por tanto, cuando se produjo la ruptura entre el Rey y su padre, que acabó retirándose dos meses después de la vida pública. Desde entonces, solo han coincidido en público en el funeral de la Infanta Doña Pilar, que falleció el pasado mes de enero. Nada ha trascendido sobre la relación personal entre padre e hijo, pero ambos saben que, por encima de los afectos familiares, está la pervivencia de la Institución. Una vez más, se ha impuesto en la familia el sentido dinástico.
El caso de Don Juan Carlos ha vuelto a resurgir esta semana, cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió trasladarlo al Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. En principio, el pago que se investiga, de cien millones de dólares procedente del Reino de Arabia Saudí, se produjo supuestamente en agosto de 2008, por lo que un posible delito habría prescrito. Pero, además, las investigaciones solo podrán afectar a la actividad posterior a su abdicación, que se hizo efectiva el 18 de junio de 2014. Encuentren o no posibles infracciones, lo que está claro es que la investigación de la Fiscalía contribuirá a dañar la imagen de Don Juan Carlos y, por extensión, la de la Corona.
Además, con el fin de explotar al máximo esta oportunidad de erosionar a la Monarquía, Unidas Podemos presentó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados una petición para crear una comisión de investigación sobre «las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí y su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público». Obviamente, el nombre de la comisión es un eufemismo para eludir los controles y poder abrir un debate sobre Don Juan Carlos y la Monarquía.
A pesar de estos hechos inquietantes, las relaciones entre La Zarzuela y La Moncloa siguen siendo aparentemente fluidas, al menos al máximo nivel: Pedro Sánchez continúa despachando semanalmente con el Rey, aunque durante la pandemia lo ha hecho por vía telemática; los ministros acompañan a Don Felipe y le informan de los asuntos de Estado con la normalidad habitual, aunque la mayoría acuden sin papeles a las reuniones, como si fueran de visita, y en las intervenciones oficiales del Jefe del Estado no se aprecia, hasta ahora, un cambio impuesto en sus discursos.
Visitas a Comunidades autónomas
Aunque soplen vientos adversos, Don Felipe y Doña Letizia han continuado con su labor institucional, adaptada a las nuevas circunstancias. Y en estos tres meses de confinamiento y alarma, a golpe de teléfono, de videoconferencia y de reuniones reducidas, han conseguido contactar con prácticamente todos los sectores de la sociedad española: casi 300 entidades y más de mil personas. La actividad de los Reyes ha tenido poca repercusión en los medios de comunicación, de manera que ha sido necesario un mayor esfuerzo para tratar de llegar al mayor número de ciudadanos.
A medida que se ha ido suavizando el confinamiento, Don Felipe y Doña Letizia han ido ampliando su presencia exterior y, en cuanto las circunstancias lo permitan, empezarán una gira por Comunidades. De hecho, la semana del 22 de junio tienen previsto viajar a Canarias, donde su presencia puede producir un «efecto llamada» a la tan necesaria llegada de turistas. Y el 1 de julio el Rey viajará a la frontera de Portugal, a la altura de Badajoz, para reabrirla en un acto oficial junto al presidente del país vecino, Marcelo Rebelo de Sousa, en presencia de los dos jefes de Gobierno, Sánchez y António Costa. También quieren ir a Cantabria.
Las aguas están tan revueltas que no solo los republicanos están mirando a La Zarzuela. En las redes sociales circulan desde hace semanas peticiones de particulares para que el Rey intervenga en política, como si el Jefe del Estado tuviera competencias para corregir los resultados de las urnas o de las votaciones parlamentarias. Y si algo está claro es que Don Felipe es «un Rey constitucional», como dijo él mismo el día de su proclamación, por lo que no cometerá el error de entrar en política. Muestra de este estado de ánimo es el hecho de que una asociación pro guardia civil viera un tricornio en la solapa de Don Felipe, y lo interpretara como un gesto de apoyo al Instituto Armado tras las polémicas destituciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando lo que el Rey llevaba en la chaqueta era el botón de la Orden de Carlos III.
En este clima de alta tensión, Don Felipe cumplirá seis años de un reinado especialmente difícil, en el que ha tenido que afrontar un bloqueo político de once meses de duración, un vacío legal en la Constitución ante la ausencia de un candidato con apoyos a la Presidencia del Gobierno, atentados terroristas en Barcelona y Cambrils, un referéndum separatista ilegal, cuatro elecciones generales, ocho rondas de consultas para proponer un presidente, un cambio de gobierno sobrevenido por una moción de censura, un Ejecutivo integrado por socialistas, republicanos y comunistas, y una pandemia que ha dejado más de 40.000 muertos y una ruina económica.
En seis años, Don Felipe ha conocido a casi medio centenar de ministros y a decenas de líderes de partidos, algunos de los cuales han desaparecido con la misma fugacidad con la que surgieron. Y todo ha transcurrido con la incansable refriega política como banda sonora del reinado de un Rey empeñado en defender una España «en la que cabemos todos». Un Rey que no se cansa de advertir que «España no puede ser de unos contra otros», que «debe ser de todos y para todos» y que «la imposición de una idea o un proyecto de unos sobre la voluntad de los demás españoles solo nos ha conducido en nuestra historia a la decadencia».
Democracia y libertad
Si algo ha definido a Don Felipe como Rey en estos primeros seis años de reinado ha sido su defensa de la democracia y la libertad. Eso es lo que hizo el 3 de octubre de 2017, cuando cortó en seco la ensoñación separatista y excluyente catalana, que había cruzado la línea roja de la ley. En aquel momento, ninguno de los tres partidos constitucionales -PP, PSOE y Ciudadanos- era favorable a aplicar el artículo 155 de la Constitución, y el Gobierno de Mariano Rajoy no quería asumir en solitario su aplicación.
En seis minutos de discurso, Don Felipe cortó el delirio separatista, borró la sensación de vacío de poder y dejó claro a la comunidad internacional que España seguía considerando a Cataluña parte de su territorio. Además, su mensaje devolvió el ánimo y la esperanza a muchos españoles, y a muchos catalanes que cinco días después desbordaron por primera vez las calles de Barcelona con banderas españolas y demostraron que hay otra Cataluña posible.
El mensaje de Cuba
Esa misma defensa de la democracia y la libertad volvió a hacerla en La Habana el pasado noviembre, cuando se convirtió en el primer Rey de España que realizaba una visita de Estado a Cuba. Enviado por el Gobierno de Sánchez, antes de la coalición con Podemos, Don Felipe no pudo reunirse con la oposición, pero el Rey habló ante el dictador Miguel Díaz-Canel como ningún otro mandatario había hecho antes en la isla: «Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se defienden los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas, y los intereses de nuestros ciudadanos», le dijo al dictador. «La fortaleza que la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos». «Los cambios en un país no pueden ser impuestos». Un mensaje que no solo es aplicable a Cuba.
